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Con la finalidad de dar un golpe a la ola criminal actual y combatir las muertes en la carretera, en conjunto con una disminución del nivel de alcohol permitido en la sangre de conductores menores de 21 años, nuestro gobernador propone prohibir “el expendio de bebidas alcohólicas en todo comercio* después de las doce de la medianoche de lunes a jueves y después de las dos de la mañana, viernes y sábado”. Valga el asterisco.

En un movimiento, neo-republicano en su naturaleza restrictiva y prohibitiva, se controlan espacios públicos bajo un código de orden público, seudo federal, a la 100 x 35. Sería defendible bajo el parámetro de protección civil a no ser por el salve clemens otorgado a grandes intereses extranjeros y bajo la sombrilla protectora del turismo local. Lenguaje factual, sin el apoyo estadístico, resonaba como la razón de ser tras las nuevas medidas.

Con una cortina de humo, se provee un remedio temporero a los síntomas, y se ignora la raíz imperativa de la enfermedad social. ¿Qué evita que los conductores ebrios provengan de barras de hoteles o casinos? ¿Al convertir el consumo de alcohol en un horario extendido posible sólo a aquellos que puedan pagar el lujo, no se convierte en una prohibición elitista? ¿Se ha olvidado que en muchos casos de homicidio vehicular los responsables pertenecían a altos estratos sociales, como doctores e ingenieros? La solución no es beber y conducir; es estudiar medicina para poder hacerlo de manera legal.

El 25 de agosto de 2005 en Mayagüez el automóvil conducido por el Doctor Tomás Irizarry Concepción, sobre 15.8% de alcohol en su sangre y a exceso de velocidad, impactó el vehículo en el que viajaba el fenecido Juan Carlos Santana Rodríguez para luego abandonar la escena. Cuatro años más tarde, el galeno escapa cinco de los seis cargos en su contra, que incluían homicidio involuntario y abandono de escena. A slap on the wrist of a DUI was his punishment. No es un caso aislado en Puerto Rico, aquí el Dr., Lcdo., o Ing. te garantiza tratamiento preferencial de parte del sistema judicial.

En la madrugada del 21 de agosto de 2009, ante la ineficaz labor de agentes de la Policía Municipal de San Juan en controlar un grupo en alza ante el expendio de una multa por violación al Código de Orden Público a un solo ciudadano, la fuerza de choque se lanza inadvertida en contra de la muchedumbre presente en la Avenida Universidad en Río Piedras. El uso excesivo de gas lacrimógeno levantaban en agresivo pánico a los presentes y los macanazos subyugaban los infrecuentes levantamientos civiles. El saldo oficial: oficiales y patrullas afectadas (sin imágenes de evidencia provistas a la prensa en inmediatez a los hechos) y poca información de los civiles heridos en el informe del cuerpo policial.

No obstante, tal historia oficial puede ser refutada como una conspiración para proveer excusa al gobierno para imponer la nueva ley de expendio de licores. La presencia innecesaria de la fuerza de choque para controlar un grupo pequeño es obvia pero puede ser excusada por el heat of the moment. Pero la similitud de casos en la calle Bosque en Mayagüez y el puesto de gasolina de la Avenida Domenech, locales frecuentados por universitarios en busca del licor y el hangueo económico, durante la misma noche puede ser neo-carpetista en su principio. En una obvia provocación al cuerpo estudiantil boricua en su hora de esparcimiento lograron su objetivo. Visuales llenos de shock value en el que se demuestra la juventud embriagada en alza contra la autoridad que vela por el orden. Imágenes suficientes para ofender al cuerpo de votantes moralistas de la Isla e imponer la nueva ley sin cuestionamiento público al verla como una necesidad. Ya las Noches de Galería bordean en la extinción, y el nuevo toque de queda es impuesto por el Alcalde de San Juan, Jorge Santini en la Avenida Universidad.

Pero jóvenes, por favor entiendan la bondad detrás de todo esto. Estadísticas demuestran que en los casos de accidentes automovilísticos los estudiantes son los muertos o perjudicados. La policía desea que los estudiantes estén temprano en sus casas para evitar que se encuentren con los médicos borrachos que después de perder en el casino conducen molestos a exceso de velocidad hacia sus hogares. Mejor arriesgar el caso del estudiante apaleado ante el juez, porque el abogado del médico es un tiburón en agua dulce. Al menos eso tendría más lógica que la excusa moralista usada como la razón de ser de la nueva ley y su [pre]ejecución por los cuerpos oficiales de la Isla.

En un plano utópico en su realismo, podrían imponerse soluciones a nivel micro que garantizarían los resultados deseados. Ante la medida, el pequeño comerciante preferiría la opción de tomar responsabilidad de su clientela. Exigir la certificación de todo bartender en un programa de concienciación para la distribución responsable del alcohol, como requisito para otorgar la licencia de expendio de bebidas alcohólicas al local, produce un ambiente arbitrable. Tal educación haría compulsoria el cese de servicio e intervención apropiada al retener las llaves al ebrio sin conductor designado, así como asegurar por escrito su transportación en un taxi al salir del local. También el uso de tecnología analizadora de aliento permite de manera cuantitativa estándares a seguir para el anterior procedimiento.

Si la seguridad en nuestras calles es la razón de ser para la nueva limitación; la regulación del individuo como consumidor de alcohol permite una fiscalización concreta del néctar embriagante en una readjudicación de responsabilidades. Un ciudadano conciente de su obligación social como dispensador y cliente es más efectivo que un ebrio entre turistas. Cheers!

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