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        En utopías, este Estado garantizaría el bienestar justo e igual de todos los ciudadanos, ya que, en fin, son los ciudadanos los que formalizan este aparato. Sin embargo, se ha enaltecido la idea del Estado a tal grado que en ocasiones funciona como un organismo ajeno al humano, a su naturaleza y a sus necesidades. 

El Estado se ha convertido entonces en un ente de poder y control ejercido en carácter monopolizado, cuyo propósito es producir e imponer (como lo describiría Bourdieu) su realidad a los individuos principalmente mediante las instituciones educativas. Aparenta que la libertad no es una más que una idea ingeniada por el propio Estado, ya que finalmente el humano es construido a base de la idea del Estado. Para Bourdieu, “El Estado inculca unas formas y unas categorías de percepción y de pensamiento comunes, unos marcos sociales de la percepción, del entendimiento, de la memoria, unas estructuras mentales.” Thomas Bernhard, sin embargo, expone que para pensar en el Estado, habría que poner en duda a todos los “presupuestos y todas las preconstrucciones inscritas en la realidad que se trata de analizar.” Pero, ¿cómo abandonar la única realidad conocida si la invención de una nueva sería a base de una idea preconcebida? 

 

        Se evidencia entonces una relación entre el proceso de educación-aprendizaje y el Estado, en el cual es el Estado quien estipula los parámetros en la enseñanza. Simultáneamente ocurre el proceso de enculturación, donde el individuo es absorbido por la cultura impuesta por el Estado; Bourdieu define este proceso como estatización, y ocurre cuando el Estado monopoliza y distribuye su propia cultura, utilizando la ventaja de que la cultura es unificadora. Asimismo, el Estado utiliza la enseñanza pública (y privada) a su beneficio y finalmente ilustrará lo que convenga. 

 

        Para visualizar el valor de lo proyectado sólo faltaría distinguir las influencias del Estado local en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los puertorriqueños y su mentalidad. Fácilmente se vislumbra que el gobierno de Puerto Rico controla los parámetros en la enseñanza (de las instituciones educativas) y que mantiene un monopolio sobre la comisión que administra las áreas de la enseñanza pública –que influye, directa o indirectamente, a la privada y/o viceversa. 

 

        Según la Ley Orgánica del Departamento de Educación, la Constitución de Puerto Rico instituye el derecho de todo individuo a recibir formación educativa para que se desarrolle su personalidad, hasta el mayor grado posible, con el propósito de alcanzar el respeto a los derechos de los demás individuos. Asimismo, esta ley establece la obligación del Gobierno en implantar un sistema de educación pública imparcial y libre de costo. Consiguientemente, el Departamento de Educación asume la administración de las instituciones educativas públicas de Puerto Rico, con especial atención en los infantes y jóvenes de las edades de cinco a dieciocho años. Se evidencia de manera clara la instauración de los ideales del Estado en los individuos, donde la formación educativa se basará en lo que, en generalidades, consienta el Estado. Thomas Bernhard, muestra de este fenómeno que “La escuela es la escuela del Estado, donde se convierte a los jóvenes en criaturas del Estado, es decir única y exclusivamente secuaces del Estado.”

 

        Si bien el Departamento de Educación es responsable del óptimo desarrollo de los puertorriqueños en el sistema de instrucción pública, debería brindar el mejor equipo posible para cubrir no sólo la educación de un individuo sino para garantizar el funcionamiento de su sociedad. Uno de los recursos más importantes para lograr este objetivo recae, principalmente, en los maestros, cuya labor es impartir a los estudiantes los conocimientos de su especialización. Por tal, el Departamento de Educación procuraría contratar los maestros que posean el mayor conocimiento, inteligencia e integridad ya que, finalmente, estarán educando y formando la mentalidad de los ciudadanos del Estado. 

 

        Sin embargo, se denotan ciertas irregularidades en el método de enseñanza adoptado por el Departamento de Educación y resulta ordinario observar conflictos entre los maestros y la división administrativa, con el Secretario de Educación como principal oficial ejecutivo- posición que ocupa actualmente el Sr. Jesús Rivera Sánchez. 

 

        Sin abundar en los detalles de la interrumpida educación universitaria del Secretario, los gremios magisteriales han cuestionado su capacidad para liderar el Departamento de Educación. En un comunicado de prensa emitido el 9 de septiembre de 2010 el Presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, el Sr. Rafael Feliciano Hernández, expone que “el Secretario designado no tiene palabra, ni la menor intención de llegar a acuerdos con los representantes del magisterio.” Al tener en consideración las repercusiones que se desarrollarán debido a este primer conflicto, la educación de los ciudadanos jóvenes puertorriqueños se verá negativamente afectada. 

 

        La Federación de Maestros de Puerto Rico, con sus frases de “Contra un gobierno abusador, un magisterio luchador” y “Por un magisterio en pie de lucha”, pretenden lograr el cumplimiento de sus derechos (y de sus exigencias adicionales) con una actitud, aparentemente, desafiante. Asimismo, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, en un boletín especial, señala que en el inicio del presente año escolar 2010-2011 el pasado agosto “volvió a convertirse en el tradicional disloque operacional”. Entre sus observaciones, alegaban tres mil posiciones vacantes de maestro, deterioro en la infraestructura de las escuelas debido a su poco mantenimiento y la escasez en el suministro de alimentos para los estudiantes. No es de dudar la obligación del Departamento de Educación en corresponder de alguna manera a estas problemáticas, tanto para ofrecer las mejores facilidades y recursos educativos a los estudiantes como para solucionar los conflictos con los gremios magisteriales. Tal parece que la imposición de la realidad del Estado en los individuos ha sido un trabajo incompleto, poniendo en interrogante el óptimo desarrollo de la mentalidad de los puertorriqueños.

 

        Bourdieu notó que el Estado intervenía regularmente para reducir lo arbitrario en las diferentes situaciones, como por ejemplo en el establecimiento de alguna regla gramática u ortográfica. Indudablemente, el Estado afecta de manera directa en la vida de los individuos, que son creados bajo los parámetros del Estado, que a su vez fue creado por los humanos mismos. Pero si el Estado, el de Puerto Rico o cualquier otro, racionalizara que es mediante la educación que se implanta las leyes del Estado y su cultura, definitivamente ambicionaría el mejor método de enseñanza con los maestros más destacados.